Se trata de un delito, pero la víctima debe poder demostrarlo con pruebas

Aunque es verdad que cada vez se reciben menos cartas por correo postal, una de las quejas habituales en las reuniones de las comunidades de propietarios son los robos de correspondencia, ya sean cartas, revistas o periódicos. «Para nada se trata de un problema aislado», reconocen en Fincas Ebro (Zaragoza), acostumbrados a tener que mediar en este tipo de altercados durante las juntas. Lo que ocurre es que muchos de los vecinos a los que les ‘desaparecen’ sus cartas del buzón o las publicaciones a las que están suscritos desconocen cómo actuar en este tipo de situaciones más allá de una pataleta. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿A quién se reclama? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma que el robo de la correspondencia ajena está tipificado como un delito, «el problema es que la ley no define cómo protegernos de manera efectiva ante esta situación», lamentan.

El caso de Rupert Solano es un buen ejemplo. Este vecino de Madrid empezó a tener problemas para recibir en su buzón las revistas a las que está suscrito a principios de año. Le ocurrió un poco lo que a todas las personas víctimas de este tipo de hurtos. Pensó que era cosa de Correos o de las empresas de reparto que se las envían. Pero habló con ellos y llegó a la conclusión de que se las cogía un vecino. En este caso, Solano no sospecha de ningún residente concreto de su bloque, por lo que no le queda más remedio que recabar pruebas para poder demostrar que efectivamente le roban las revistas.

«Las pruebas audiovisuales pueden ser una buena opción para conocer al autor de las sustracciones», señalan en la OCU. Ahora bien, se debe tener en cuenta que para instalar «de nuevas» un sistema de cámaras de vigilancia en la comunidad requiere una mayoría de tres quintas partes de los propietarios, mientras que «si se trata de complementar un sistema de vigilancia ya existente por razones de seguridad (por ejemplo, con cámaras en el rellano donde están ubicados los buzones) bastaría la mayoría simple». No obstante, conviene recordar que «las cámaras no pueden grabar hacia la vía pública y se debe informar a todas las personas susceptibles de ser grabadas sobre sus derechos respecto a la ley de Protección de Datos», advierten expertos en seguridad.

Cómo disuadir al ‘ladrón’

Antes de poner una denuncia o instalar cámaras de videovigilancia en el edificio, la OCU aconsejo llevar a cabo otras medidas «más sencillas» que quizás puedan disuadir al amigo de lo ajeno. «Si vive en un bloque de pisos, hable con el presidente de la comunidad o el administrador de la finca para que comente la situación en la reunión de vecinos o cuelgue un aviso de advertencia en el tablón de anuncios. La comunidad es la responsable de mantener las buzones en buen estado y puede recibir una sanción por no tenerlos bien separados, accesibles y rotulados».

Otra opción para garantizar la entrega de las cartas y publicaciones en buenas condiciones es solicitar la recepción de la correspondencia bajo firma (correo certificado) o en los casos más extremos contratar un apartado postal. «Consiste en el alquiler de un buzón situado en un lugar seguro y con eso se cortaría el problema de raíz. Las compañías de correos suelen ofrecer este servicio», precisa Ileana Izverniceanu. Si todo lo anterior no le convence, puede reducir los envíos postales y pasarse al formato electrónico. «Basta con suscribirse a los servicios de facturación online de las diferentes compañías de suminsitros (telefonía, electricidad, gasa, agua…) como de las comunicaciones del banco».

Al margen de los vecinos que se quedan con las revistas o periódicos ajenos para no tener que pagarlos de su bolsillo, diferentes cuerpos policiales alertan de la existencia de bandas especializadas en el robo de correspondencia para hacerse con los datos personales de las víctimas, desde documentación de identidad a información bancaria. Uno de los procedimientos más habituales son las altas de contrataciones en servicios de telefonía móvil. «El delincuente usa los datos personales de la víctima para tratar de conseguir un teléfono de gama alta, que después vende para obtener dinero en efectivo», explica José María Puig, director del periódico digital ‘H50’, especializado en el sector de la seguridad pública y privada.

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