El Ayuntamiento colaborará con un administrador de oficio para que atienda a los bloques sin recursos y les asesore en la tramitación de subvenciones de rehabilitación y reformas

El Ayuntamiento de Castellón continuará con su apuesta por impulsar un parque de vivienda digno y adaptado en la ciudad en el presente ejercicio. Fuentes de la Concejalía de Vivienda, dirigida por María Jesús Garrido, ponen de relieve el convenio de colaboración que rubricará el consistorio con el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón para arrojar luz en aquellas viviendas sin recursos que desconocen cómo optar a ayudas.

Desde el área aseguran que «por primera vez el Ayuntamiento dispondrá, con financiación municipal, de un administrador de fincas de oficio, que atenderá a las comunidades de vecinos sin recursos».

Este profesional se encargará de atender a los bloques de viviendas antiguas que, por sus propios medios, no pueden contratar a un administrador. Así las cosas, el administrador «les ayudaría en solicitar ayudas públicas de rehabilitación y eficiencia energética».

Cabe recordar que, según el Plan Estratégico de Vivienda de Castellón, un total de 7.000 casas urgen una rehabilitación. La mayoría de estos inmuebles, según la concejalía, se ubican en el casco histórico, pero gran parte también están ubicadas en el tramo de la ronda Magdalena que va hasta el estadio Castalia. De esas 7.000 viviendas en cuestionable estado, 1.000 están en ruinas» y 6.000 presentan un elevado grado de degradación, revela el mismo informe. Es por ello que el convenio, aún en trámites, contribuirá a acelerar el proceso de solicitud de ayudas a administraciones como el Ministerio o la Generalitat para rehabilitar viviendas. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas en Castellón, Joaquín Rambla, recuerda que una vez pasados los 50 años desde su edificación, las viviendas debe contar con un informe que avale su seguridad y el cumplimiento de la normativa. «Desde el propio Ayuntamiento saben que en su parque de viviendas sociales es necesaria una inyección económica para poner las cosas en orden, debido a la antigüedad de parte de las mismas», explica Rambla. En la capital de la Plana hay 696 viviendas de titularidad pública -del Ayuntamiento o de la Generalitat-, lo cual representa el 1 por ciento sobre el total.

De igual forma, Rambla detalla que «el convenio también está enfocado a edificios que sin ser sociales, están en estado vulnerable y necesitan obras». Asimismo, el citado colegio ha propuesto al Ayuntamiento de Castellón en el borrador del convenio ofrecer el servicio de su Centro de Mediación Inmobiliaria (CEMEI). «Ofrecemos también el servicio de mediación para casos en los que haya problemas de convivencia. Nuestra voluntad es aminorar esos problemas en la medida de lo posible. En un primer momento el convenio no contemplaba este servicio, pero parece que al Ayuntamiento le ha gustado nuestra propuesta», informa Rambla, quien también es vocal del Consejo Nacional de Colegios de Administradores de Fincas de España.

ÉXITO EN GANDÍA

El Colegio ya ha rubricado el mismo convenio con Gandía. Gracias al mismo, Ayuntamiento y administradores de fincas han ayudado a 44 familias de la localidad que viven en bloques de vivienda en mal estado. Por el momento están en contacto con otros consistorios de la Comunidad Valenciana.

Igual que el Colegio de Abogados, el colectivo de los administradores de fincas han creado la figura del administrador de oficio, cuya tarea es asesorar y orientar a familias sin recursos para optar a ayudas públicas y cuya retribución corre a cargo de, en este caso, la administración local. El convenio contempla una aportación municipal de 20.000 euros el primer año. La idea es que año a año hasta el cuarto ejercicio, la comunidad vaya asumiendo el importe. Asimismo, la labor del administrador se desarrollará en edificios con un valor catastral inferior a los 60.000 euros y de más de 20 años de antigüedad.

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